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Compromiso con la innovación

Compromiso con la innovación
Hernán Cheyre V.
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo



Hernán Cheyre, vicepresidente
ejecutivo de Corfo
En la misma semana en que se conocieron los resultados anuales del Indice de Competitividad que elabora el World Economic Forum, en el que Chile aparece descendiendo dos lugares, ha entrado en vigencia en nuestro país la nueva ley de incentivo tributario a las actividades de investigación y desarrollo (I+D) que realizan las empresas. Sin perjuicio de que Chile aparezca manteniendo la primera posición en el ranking de competitividad a nivel latinoamericano, y de que en el ámbito específico de la innovación podamos exhibir una leve mejoría en el último año, hay amplio consenso en cuanto a que hay todavía temas pendientes de resolver para poder dar el salto final que nos falta para cruzar el umbral del desarrollo. Una de esas áreas es precisamente la de fortalecer la capacidad de innovación en el país, aumentando la proporción del PIB que se destina a I+D. Es esta la perspectiva con que el Gobierno está asumiendo un mayor compromiso en el ámbito de la innovación.

La nueva ley mantiene como crédito tributario del 35% de los gastos realizados en I+D y autoriza a descontar como gasto el 65% restante, pero incorpora tres modificaciones fundamentales. La primera se refiere a otorgar este beneficio no sólo a los proyectos de I+D que las empresas contraten con un centro de investigación, sino que también podrán hacer uso de él para las actividades de I+D que las empresas realicen internamente. El segundo cambio consiste en que se triplica el monto anual que las empresas tendrán derecho a imputar como crédito tributario, llegando ahora a 15.000 UTM (US$ 1,2 millones, aproximadamente). En tercer lugar, se incluyen dentro de los gastos aceptados para el crédito tributario la depreciación anual correspondiente a la adquisición o fabricación de equipos de infraestructura, y también los gastos asociados al registro de la propiedad intelectual, los cuales en la legislación previa eran rechazados. En definitiva, lo que busca la nueva ley es flexibilizar el uso de este mecanismo de estímulo tributario, generando mayores opciones para cubrir de mejor manera las necesidades de las empresas en materia de I+D y la forma como deseen materializarla.

No cabe duda de que este cambio legal constituye un punto de inflexión en la forma como el Estado apoyará las actividades de I+D que realicen las empresas. Estamos convencidos de que este nuevo enfoque, que desata trabas y otorga mayores grados de libertad en el ámbito de la innovación a los propios actores del proceso, en el cual el Estado actúa como “socio” de los agentes privados, nos permitirá recuperar posiciones en la carrera por incorporarse más plenamente en la sociedad del conocimiento, con mayor rapidez y efectividad.

Lo anterior se suma al esfuerzo que el Gobierno está realizando a través del Programa de Atracción de Centros de Excelencia, el cual incentiva que instituciones de gran prestigio internacional en el ámbito de la investigación y desarrollo de nuevos productos se instalen en Chile, en asociación con universidades locales. Lo que se busca es que estos Centros faciliten a las empresas el acceso a nuevas tecnologías, que impulsen la gestión de la innovación como fuente de obtención de mayor productividad en las empresas, y que contribuyan a generar propiedad intelectual y patentes en el país. Todas estas medidas apuntan en la dirección de convertir a Chile en un polo de la innovación en la región, consolidando el liderazgo económico que ya exhibe, y que le permitirá dar el último salto que falta para convertirse en país desarrollado hacia fines de esta década.